La banca estatal, comercial, cooperativas y sociedades tendrán que incorporar los cambios a los financiamientos que aprueben.
Flexibilidad. El comité de normas del sector público financiero aprobó cambio para flexibilizar el acceso al crédito.
Este mes comenzaron a funcionar nuevas disposiciones para los préstamos y créditos orientados a las actividades productivas y a inversiones, con el propósito de que más empresas puedan obtener recursos.
“La necesidad de acceder a créditos, aumentar la producción y aumentar los empleos no duerme; independientemente de los ciclos políticos. El Estado debe responder”, dijo Óscar Cabrera, presidente del Banco Central de Reserva (BCR). Las medidas se implementarán en la banca estatal, la banca privada, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito.
Por otro lado, estos cambios beneficiarán únicamente a las actividades productivas y a las nuevas inversiones dentro de los sectores construcción, agroindustria transporte, logística, electricidad, exportaciones, comunicaciones, turismo, servicios médicos, BPO, manufactura, aeronáutica.
Una de las primeras disposiciones está relacionada con la mora. Los clientes en la categoría A1 que tengan problemas para pagar sus obligaciones tendrán 14 días para hacerlo sin que su calificación se deteriore: antes eran siete días. Los clientes A2 tendrán 30 días (antes eran 14) y los B llegarán hasta 60 días (antes eran 30).
Según Évelyn Gracias, del departamento de normas en el BCR, la calificación de riesgo es muy importante para los usuarios porque está relacionada con los costos que le aplicará el banco, la cooperativa o la sociedad. Entre mayor es el riesgo que representa el cliente, más tendrá que pagar por los recursos que recibe.
Ahora los bancos y las otras entidades financieras podrán aprobar hasta $350,000 como crédito sin usar los requisitos del marco legal, sino con los criterios propios del banco (la cooperativa o la sociedad, según el caso). Marcela de Jiménez, directora de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), explicó que este punto “viene a beneficiar a pequeños empresarios y eso es positivo”.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) verificará con periodicidad que las operaciones aprobadas sean, efectivamente, con propósitos productivos, inversiones y para los sectores mencionados.
“Hemos propuesto que continúen revisando, principalmente, el marco legal”, dijo la directora de ABANSA. La idea es revisar qué obstáculos persisten en la ley de bancos, el Código Tributario y el Código Municipal.
En otro tema, el titular de la SSF, Ricardo Perdomo, dijo que el Grupo Atlántida hizo formal la solicitud para comprar AFP Confía. La compañía interesada en otras acciones de Citi se conocerá la otra semana, pues primero deben cerrar el trato entre privados.
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